El director general de Turismo, Javier Ramírez, se ha reunido hoy con los concejales de Turismo de las capitales de provincia de Castilla y León para desarrollar de manera coordinada actuaciones de control de la actividad clandestina y del intrusismo en el sector.

El objetivo fundamental de la reunión mantenida hoy ha sido impulsar la coordinación institucional entre la Junta y los ayuntamientos en las labores de inspección, a través de la colaboración entre los servicios de inspección de la Junta y las respectivas policías locales. En este sentido, el director general de Turismo, Javier Ramírez, ha insistido en la importancia de la colaboración, no solo con las policías locales, sino a nivel nacional, con la Policía Nacional y con la Agencia Tributaria, especialmente en lo que se refiere al control de las viviendas de uso turístico. Del mismo modo, se ha referido a la relevancia de la colaboración, en el ámbito privado, con las propias plataformas de comercialización de este tipo de alojamientos, así como de la intensificación de la inspección, a través de un nuevo Plan de Inspección Turística para Castilla y León.

En esa línea de colaboración, hay que destacar la importancia de la participación de los ayuntamientos, a través de la Policía Municipal, en la detección del intrusismo profesional por medio de convenios de colaboración con el Gobierno autonómico en este ámbito. Pero además, desde la Junta se apuesta por el control de la legalidad con la necesaria colaboración con otras administraciones con competencias en la materia, que inciden en el sector turístico y que permiten sumar efectivos, para lograr intervenciones más eficaces, en especial en lo que se refiere al control de las viviendas de uso turístico.

En este sentido, la Consejería de Cultura y Turismo ya ha puesto en marcha un sistema de colaboración con la Policía Nacional, con la que se han consensuado criterios comunes de inspección de las viviendas de uso turístico que permiten facilitar su localización e inspección. También se va a impulsar desde la Junta la colaboración de la Agencia Tributaria, para determinar la ubicación y la identificación de los titulares de dichas viviendas, ya que esa información la tienen que comunicar los titulares de las plataformas, respecto de las viviendas de uso turístico que publicitan.

Además, el Gobierno autonómico está impulsando la colaboración directamente con las plataformas de comercialización de este tipo de viviendas turísticas, para controlar aquellas ilegales. En este sentido, se ha llegado ya a un acuerdo con una de las principales plataformas de comercialización turística, Booking, para garantizar que todas las viviendas turísticas que comercialice sean legales y estén inscritas en el correspondiente registro de turismo de la Junta. Por su parte, Booking se compromete a exigir a todas las viviendas que se publiciten en su plataforma el correspondiente número de registro para garantizar su legalidad, así como a suprimir aquellas que no comuniquen dicha inscripción. Su colaboración, no publicitando aquellos alojamientos que no informen del número de Registro de Turismo de Castilla y León, será un paso decisivo en el control de la actividad ilegal de las viviendas de uso turístico. Desde la Consejería se trabaja ya para extender este modelo de colaboración a otras plataformas de comercialización de alojamientos turísticos.

Nuevo Plan de Inspección Turística

Por otra parte, la Junta considera fundamental intensificar la labor de inspección para hacer cumplir la normativa turística, por lo que se está trabajando en la elaboración de un nuevo Plan de Inspección Turística, para el periodo 2019-2022. Se trata de uno de los instrumentos fundamentales contra el intrusismo y la actividad clandestina en el sector turístico en Castilla y León, cuya pretensión fundamental es erradicar las actividades ilegales, consolidando los niveles de calidad y evitando el pernicioso intrusismo profesional que pudieran resultar perjudiciales para el sector y para la imagen de calidad del turismo en Castilla y León.

El control de la legalidad, junto con la previa ordenación jurídica del sector turístico, impide, o al menos dificulta, que puedan existir actividades al margen de la ley, evitando la práctica de actividades clandestinas, así como el intrusismo profesional.

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