La convocatoria de 2019 para proyectos y microacciones de cooperación para el desarrollo, que está dotada con una cuantía de 3.714.000 euros, ya está abierta para las entidades sin ánimo de lucro inscritas como agentes de cooperación para el desarrollo. Las entidades interesadas en presentar su solicitud tienen de plazo hasta el 25 de enero y deben hacerlo a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.

En el último Consejo de Cooperación al Desarrollo que se ha celebrado recientemente, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, anunció una nueva convocatoria de proyectos de desarrollo y microacciones con una dotación presupuestaria que se mantiene en los 3.714.000 euros.

El secretario general de la Consejería de la Presidencia, José Manuel Herrero, ha sido el encargado de presentar a las ONG esta convocatoria dirigida a apoyar proyectos de cooperación económica no reembolsable, es decir, que no son financiables en esta línea ni los proyectos de acción humanitaria ni los proyectos de cooperación técnica.

Herrero ha explicado que podrán ser beneficiarios de las subvenciones las entidades sin ánimo de lucro inscritas como agentes de cooperación para el desarrollo de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 9/2006, de 10 de octubre, de Cooperación al desarrollo y que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Orden PRE/155/2017, de 22 de febrero, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. En caso de que el proyecto sea solicitado en consorcio por dos o más entidades, todas ellas deberán estar inscritas en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo. En este sentido, ha recordado que deben mantenerse actualizados los datos del registro porque son los que van a tomarse de referencia y la no actualización podría derivar en la cancelación de la inscripción, tal como se prevé en el decreto regulador del mismo.

Todas las intervenciones deberán incluir de manera transversal el enfoque de derechos humanos, de género y de sostenibilidad medioambiental, como se establece en el III Plan Director. Los países prioritarios para llevar a cabo las intervenciones son, en África, Senegal, Tanzania, Mozambique y Burkina Faso; en Centroamérica, Guatemala y Nicaragua; en Sudamérica, Bolivia y Perú; y en Asia, India.

Las intervenciones tienen que ir dirigidas a la población con un mayor grado de vulnerabilidad prestando especial atención a mujeres, niños, pequeños productores y recolectores de alimentos, población indígena y personas enfermas o dependientes y focalizando sus esfuerzos en dar cumplimiento sostenible de los diferentes derechos económicos, sociales y culturales recogidos en el III Plan Director: a la alimentación, al acceso al agua potable y saneamiento, a la educación, a la salud, a la vivienda adecuada y digna y a un nivel de vida adecuada y medios de subsistencia.

El secretario general ha expuesto a los presentes que las líneas de acción planteadas en el plan se ponen en relación con las dimensiones de alguno de esos seis derechos y también con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para contribuir a su desarrollo en el contexto internacional.

Los proyectos tendrán una subvención máxima de 260.000 euros y un presupuesto mínimo de ejecución de 50.000 euros, para proyectos de un máximo de 24 meses. Por otra parte, las microacciones deben tener un presupuesto mínimo de ejecución de 20.000 euros y un máximo de 50.000 euros, del que se podría subvencionar el 90 % para intervenciones de un máximo de 12 meses.

También se ha recordado a todas las entidades que los proyectos deben llevarse a cabo a través de un socio local con personalidad jurídica propia que cumpla con los requisitos establecidos en artículo 3, apartado 3, de la Orden PRE/155/2017, de 22 de febrero.

Las entidades sin ánimo de lucro interesadas en presentar su solicitud tienen de plazo hasta el 25 de enero y deben hacerlo a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León .

Las principales novedades de esta convocatoria tienen que ver con el esfuerzo por la transparencia ya que se recoge de forma expresa la distribución de los puntos de valoración dentro de cada criterio. También se insiste en el requisito de la sostenibilidad, de forma que quedarán excluidas las intervenciones que no garanticen el equilibro presupuestario de las infraestructuras físicas o humanas implementadas o afectadas por la intervención, no teniéndose en cuentas las aportaciones no sostenidas en el tiempo. Y, por otra parte, se ha matizado el formato para la recogida de información referida a las acciones de sensibilización.

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