Hace no demasiado tiempo, tuve una reunión con una asociación de empresarios que no viene al caso, puesto que en el asunto a tratar se supone visión parecida entre ellas.

Discutiendo sobre las problemáticas de la ciudad surgió, cómo no, el asunto de la vivienda.
Se expresó la preocupación sobre el efecto de la falta de control sobre los apartamentos de usos turísticos y los efectos negativos que potencialmente tenían para los alquileres en una ciudad precarizada y con unos datos demográficos para echarse las manos a la cabeza.

Y llorar.

Casi al unísono, comenzó a escucharse, casi de manera mecánica, el consabido mantra: “El mercado inmobiliario se regula sólo”.

Por supuesto, ni un resquicio para la duda, ni posibilidad de discutirlo siquiera.
¡Qué lejanos parecen ahora los tiempos del hundimiento de la vivienda, aunque los sigamos sufriendo!

Otras ciudades, como Barcelona, están implementando medidas para que el 30% de la vivienda nueva tenga carácter social, pero ¿es esa una solución adecuada a nuestra ciudad?

Teniendo en cuenta en número de viviendas vacías, es evidente que no.

En una ciudad en la que hay más de 15.000 viviendas que deberían estar disponibles, la ley de la oferta y la demanda que según algunos, es más que suficiente, dice que los precios deberían estar por los suelos.

Nada más lejos de la realidad.

Además se han planteado varias ampliaciones urbanísticas, una en la granja junto al centro comercial que se va a construir, sumando 1.470 viviendas y la que se ha conocido que se va a llevar a cabo en la zona de la azucarera, 941 viviendas más.

Mientras se sigue aumentando el parque sin sentido, aún no se ha resuelto qué es una vivienda vacía, donde la falta de reglamentación es excusa para no hacer nada al respecto.

Sin embargo, no hubo el mismo problema para reducir la tasa de recogida de basuras para los locales comerciales, a los que se aplica la menor tarifa si se consideran desocupados, para lo que basta que no tenga contratado el servicio de agua ni el de electricidad.

Considero que el criterio es acertado; tanto que podría aplicarse el mismo para las viviendas y así se recoge en la ordenanza mencionada aunque no opte a bonificaciones.

De hecho, es esta consideración, la de desocupada y no la de vacía, la que se contempla en la Ley de Haciendas Locales para un aumento permitido del IBI de hasta el 50%.

Creo también que no podemos esperar a que se emita la reglamentación deseada.

Hay que recordar que la vivienda es una competencia autonómica; si han pasado tres años desde que entramos en la institución y nada ha cambiado, es de esperar que sólo un cambio de gobierno a nivel local y autonómico, podría dar solución a una situación que ya ha sido resuelta en otras comunidades autónomas, lo que evidencia el poco interés y la dejadez de los populares en la Junta, por lo que ante la falta de expectativas ante el gobierno de la comunidad, si una ordenanza es lo que tenemos a mano, que sea usada hasta que se emita una legislación superior.

Una vez determinado qué es una vivienda vacía (desocupada), hay que buscar la manera de que esas viviendas se pongan en el mercado. En su momento León Despierta propuso varias medidas que han quedado relegadas al olvido.
Al principio de mandato, cuando se llevó adelante la moción de “León ciudad de acogida” propusimos que el Ayuntamiento habilitara un registro solidario, para que todas las personas que lo desearan inscribieran sus propiedades para ponerlas a disposición. También se intentaba dar garantías al propietario, puesto que a cambio, mientras la vivienda permaneciera ocupada, se le haría una rebaja en el IBI (incluso del 100%) y el Ayuntamiento se encargaría de devolverla en perfectas condiciones al final de su uso.

Evidentemente, esta medida pretendía ser bastante más ambiciosa, puesto que se hubiera podido usar no sólo para los refugiados, sino para dar solución a otras problemáticas como pueden ser desalojos, situaciones de malos tratos o cualquier otra circunstancia en la que se considere a colectivos de especial protección.

Incluso se podría conseguir, en este caso con rebaja pero no del 100%, que el alquiler se adaptara a una cantidad justa del 30% (como máximo) de los ingresos, solucionando también de paso las situaciones de rentas de inserción o pensiones no contributivas, que son rechazadas en muchos alquileres por temor a una futura falta de pago.

Algún sagaz lector (o lectora) dirá: “¡No se pueden aplicar medidas que supongan reducción de ingresos con la deuda que tenemos!”

Cierto es, pero para esa circunstancia también propusimos y además está contemplado por ley, segregar el IBI según usos, excluyendo el residencial, para que se cargara al 10% de más valor la diferencia de las rebajas sociales correspondientes.

Si se tiene en cuenta el valor de estas, el aumento repartido es prácticamente inapreciable.

Por supuesto, no sólo hay que fomentar la solidaridad, que aunque a muchas personas les parezca mentira nos preguntaron y mucho, acerca del registro.

Es necesario fomentar también la responsabilidad y en este punto, es evidente que quien más vivienda acumule, posee una responsabilidad mayor que quien menos tenga.

Así, volviendo a la consideración de vivienda desocupada, se aplicaría sobre el IBI un aumento progresivo según el número de propiedades que permanecieran vacías y no se sacaran al mercado en el plazo de un año; así combinando las dos medidas se conseguiría aumentar la oferta de alquileres y por tanto, una disminución de los precios.

¿Debe preocuparse el pequeño propietario por estas medidas?
Evidentemente no; no es quien posea un piso o dos para alquilar quienes producen la situación que estamos viviendo, sólo hay que recordar que la mitad de las propiedades de urbanas pertenecen únicamente a un 17% de propietarios y que de estos, 212 acumulan más de 50 propiedades, con lo que nos encontramos casi con toda seguridad con entidades bancarias o fondos de inversión, que son también por cierto, los que debían a principio de mandato unos 5 millones de euros en impagos de IBI.

También es necesario aumentar la vigilancia del Ayuntamiento en dos situaciones especialmente perniciosas para quienes cumplen con sus responsabilidades:
Los alquileres sin contrato y los pisos turísticos ilegales.

Estas prácticas no sólo son perjudiciales para el precio de los alquileres, disparándolos de manera abusiva, también privan de ingresos legítimos al Ayuntamiento puesto que deberían pagar unos impuestos que de esta manera evitan y además el sector hotelero sale también malparado, reduciendo su ocupación y nuevamente, escamoteando ingresos que le corresponden al erario público.

Mientras el mercado se regula sólo, perdemos a razón de más de mil habitantes por año, se hacen promesas huecas que no llevan a ningún sitio y no se asume la realidad de la vivienda en León.

León Despierta 

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