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UPL califica como un ataque frontal a León el decreto sobre los secretarios de las juntas vecinales

UPL califica como un ataque frontal a León el decreto sobre los secretarios de las juntas vecinales

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El procurador leonesista en las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, el diputado provincial por UPL, Matías Llorente, y el vicesecretario de UPL, Eduardo López Sendino, han calificado hoy en rueda de prensa el decreto 128/2018 que regula la funcionarios locales de habilitación nacional en las juntas vecinales como un ataque frontal a León, pues elimina la figura del vecino secretario para obligar a esas juntas vecinales a que tengan un habilitado nacional, un secretario de ayuntamiento.

Un ataque, manifestó Santos, ‘casi definitivo a la viabilidad de las juntas vecinales y todo lo que representa en la provincia de León, ante la imposibilidad de la mayoría de los secretarios para ejercer las labores que les obliga esta ley’. Secretarios como los de Valderrueda o el de Riello que tienen 33 o 22 juntas vecinales y ese secretario tendrá que ir a todas las reuniones y llevar todos los asuntos de esas juntas vecinales además de su trabajo como secretario del ayuntamiento, ‘nos parece que no existen medios materiales para poder llevar a cabo ese trabajo’.

En los últimos días se ha hablado de que los secretarios municipales van a presentar un recurso contra esta ley planteando la imposibilidad de los recursos humanos que van a tener, desde ‘UPL preguntamos a las administraciones qué van a hacer las juntas vecinales hasta que se decida qué va a pasar con esta ley hasta que se consiga tumbar’.

Santos cuestiona también lo que dice la viceconsejera de la Junta de Castilla y León, que dice que tienen las manos atadas y no podrán hacer nada y que se trata de una regulación que viene del estado y ‘le decimos a la viceconsejera que si en vez de gastar entre dos y tres años en procesos vacíos de ordenación territorial se hubieran ocupado de dar viabilidad a las juntas vecinales no estaríamos aquí, además tienen una competencia recogida en el Estatuto de Autonomía en el que dice que tienen la obligación de procurar la viabilidad de las entidades locales menores’, por tanto, aseveró Santos, ‘a la Junta le decimos que no se lave las manos y que busque que esa ley decaiga y si no procurar los medios para que las juntas vecinales puedan pervivir con esa regulación’. Concluyó Santos retando a los demás partidos con representación nacional a quienes ‘no podemos permitir que vengan aquí a presentar mociones en las Diputaciones y en la Junta cuando realmente tienen la posibilidad de tomar decisiones allá donde se ha tomado esta decisión, en la Administración Central, y le pido a todos ellos que se dejen de marear la perdiz y sean capaces para buscar un acuerdo en Madrid que consigan que estas juntas vecinales sigan perviviendo porque si desaparecen será responsabilidad de los partidos nacionales que lo están permitiendo y según está el panorama político es necesario que lleguen a un acuerdo todos los partidos políticos, desde UPL presentaremos una PNL en las Cortes y Matías Llorente hará lo propio en la Diputación provincial, y haremos llegar iniciativas a todos aquellos ayuntamientos donde UPL tiene representación, para que se tomen acuerdos para favorecer la pervivencia de las juntas vecinales’.

Por su parte Matías Llorente enfocó su discurso en la búsqueda de una solución a una ley que aparta a los vecinos de la función que tenían, desde el día que se publicó la orden hay dos problemas: el primero es que antes del 30 del mes actual todas las juntas vecinales que tienen terrenos comunales o pastos tienen que certificar para que los ganaderos puedan presentar esa superficie que le arriendan para solicitar la PAC, y queda poco tiempo, si no se ha hecho ese certificado antes de la publicación de la ley habrá un problema muy grave pues muchos ganaderos perderían esas ayudas.

El segundo problema es que la institución provincial ya tiene un informe donde no se admite certificación alguna sobre las obras que tienen las juntas vecinales, y por tanto ni el secretario ni el tesorero podrán certificar la finalización de obras del 2017 y del 2018 y se perderían todas esas obras. Los secretarios han puesto un recurso y puede durar meses. Por tanto desde UPL planteamos que la Diputación tiene que buscar una solución a las juntas vecinales mediante una reunión con el colegio de secretarios, pues es la única que tiene una competencia clara en este asunto y tendrá que habilitar a funcionarios para certificar esas obras para buscar una solución ante estos dos problemas y si el decreto sigue adelante hay que ver la posibilidad de dar servicio a las juntas vecinales antes de que desaparezcan, por tanto pediremos al presidente de Diputación que convoque esa reunión y que la Junta asuma su responsabilidad porque la mayoría de juntas vecinales (un total de 1233) están en León y ya estamos un poco hartos de la discriminación a León, por eso tendrá que hacer una mayor aportación al servicio de asistencia a municipios para estas juntas vecinales, concluyó Llorente.

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