Así lo ha recordado el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, en Burgos. Considera que el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público es un “primer paso” al que tienen seguir otros, para recuperar los niveles de empleo adecuados, para prestar los servicios públicos con la calidad necesaria, y las condiciones laborales perdidas durante estos años de la crisis.

CSIF busca un pacto de legislatura con el Gobierno, para afrontar las demandas, las reivindicaciones y las preocupaciones de los empleados públicos, una vez alcanzado el importante Acuerdo para la Mejora del Empleo Público. Así lo ha explicado el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, que este miércoles ha asistido al consejo provincial de CSIF de Burgos, junto al presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Carlos Hernando, para informar de cómo se encuentran las negociaciones con el Gobierno sobre función y pública y empleados públicos.

   Borra considera que, con la negociación del acuerdo para la oferta de empleo, se ha producido “un cambio de sensibilidad” del Gobierno para con las demandas de los empleados públicos. Es el primer gran acuerdo alcanzado desde 2009 con los empleados públicos, recalca, un primer paso al que tienen que seguir otros. El objetivo de CSIF es recuperar los niveles de empleo adecuados para prestar los servicios públicos con la calidad necesaria,

   Aunque la oferta de empleo pública conseguida a mayores en marzo, con el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público, no recupera las plazas perdidas desde la crisis, CSIF considera que sí es un primer paso para dar estabilidad, y para concienciar al Gobierno de que no pueden repetirse los recortes que se han producido con esta crisis.

    CSIF ha reclamado a la secretaria general de Función Pública, en una reunión celebrada ayer, día 9, la extensión de la tasa de reposición del 100% a más colectivos, sobre todo de la administración autonómica. Borra lamenta que mientras la crisis se ha llevado por delante 175.000 puestos de empleados públicos, siguen existiendo decenas de miles de puestos de libre disposición, asignados por los partidos políticos, que no se han recortado.

   El presidente nacional de CSIF ha expresado la “oposición frontal” del sindicato a la subida salarial del 1% para los empleados públicos, “que desgraciadamente será lo que aplicará el Gobierno si se aprueban los presupuestos”.  Un rechazo que viene justificado “porque los empleados públicos llevamos perdiendo poder adquisitivo muchísimos años. En el 2009 hubo una subida del 0,3%, y desde entonces todo han sido quitas y congelaciones. Desde CSIF abogamos por recuperar las condiciones salariales que había al inicio de la crisis”, y que ha supuesto una pérdida del poder adquisitivo entre el 20 y el 25%, según CSIF.

   Este sindicato independiente busca un pacto de legislatura con el Gobierno, sobre las preocupaciones y las reivindicaciones de los empleados públicos para, entre otros objetivos, recuperar las condiciones laborales perdidas desde 2010. En la mesa de la negociación está garantizar que no vuelvan a repetirse los recortes de personal sufridos estos años, o la aprobación de la ley de función pública en la Administración General del Estado.

    La modificación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que ha quedado obsoleta y no responde a las necesidades de la sociedad española; la indefensión en la que se pueden encontrar los empleados públicos de Cataluña; la ‘remunicipalización’ de servicios que se está propiciando en algunos ayuntamientos; o la posible exclusión de varios miles de docentes en Valencia de las bolsas de empleo, como consecuencia de la política lingüística del Gobierno valenciano, son otras de las inquietudes de CSIF que ha trasladado al Gobierno.

12.000 PLAZAS PARA REDUCIR LA TEMPORALIDAD EN CASTILLA Y LEÓN

En Castilla y León, el reciente acuerdo de oferta de empleo permitirá generar más de 12.000 plazas vinculadas a la reducción de temporalidad, en tres años, que se sumarán a la tasa de reposición habitual. Además, hay que añadir otro número de plazas pertenecientes a servicios sociales, que todavía no están contabilizadas. Plazas que no suponen un incremento de puestos, sino estabilizar y fijar un empleo que ahora es temporal e interino, aclara Borra.

   En las administraciones transferidas de Castilla y León, el porcentaje regional de interinidad está en el 17,1%, según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 2016, recuerda CSIF. Las consejerías, departamentos y otros organismos autónomos cuentan con 1.155 interinos, un 5,8% de su personal (aunque hay servicios sociales concretos que alcanzan el 70% de interinidad); en sanidad 7.405 interinos, un 22%; o en educación no universitaria 7.127, un 23,2%.

      En toda España, el acuerdo de oferta de empleo público supondrá crear más de 250.000 plazas “extras” en los principales sectores de sanidad, educación y justicia, a lo que hay que sumar las que se produzcan en los servicios sociales que atienden las autonomías. Siempre, sin tener en cuenta la tasa de reposición, que aumenta la oferta pública acordada hasta más de medio millón de plazas en España.

1.800 PLAZAS PARA REDUCIR LA TEMPORALIDAD EN BURGOS

El reciente Acuerdo para la Mejora del Empleo Público, que las organizaciones sindicales han alcanzado con el Gobierno, permitirá crear en la provincia de Burgos unas 1.800 plazas en tres años, que serán objeto de convocatorias vinculadas a la reducción de temporalidad, que se sumarán a la tasa de reposición habitual. De ese total, unas 800 serán de docentes no universitarios, y unas 980 para el sector sanitario. Unas plazas que no suponen un incremento de puestos, sino estabilizar y fijar un empleo que ahora es temporal o interino, aclara el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra. Unos puestos que se adjudicarán con las oportunas oposiciones, y conforme a la igualdad de oportunidades y méritos que regula la ley.

   La provincia de Burgos ha perdido de 2010 a 2016 unos 2.000 empleados públicos, que no se han sustituido o se ocupan con interinos o contrataciones temporales. La interinidad, “es muy elevada”, denuncia la presidenta provincial de CSIF Burgos, Silvia Cámara, con porcentajes del 20% en la Administración General de la Junta de Castilla y León, 23,2% en Educación, un 22% en Sanidad.

   Cámara advierte del “alarmante” envejecimiento de los empleados públicos de Burgos, ya que un 70% tiene más de 50 años, y casi un 20% ya supera los 60 años. “Una situación que exige a los responsables de las administraciones tomar medidas urgentes, y a los responsables sindicales estar muy pendientes de velar por la aplicación del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público”, afirma la presidenta provincial de CSIF de Burgos.

   En el caso de los trabajadores de las administraciones locales burgalesas, CSIF ha recordado que se han perdido casi 500 empleos en los últimos 6 años. Precisamente, Silvia Cámara ha anunciado que “vamos a solicitar a los ayuntamientos la colaboración y la transparencia necesaria, para conocer la situación de sus plantillas, para estar pendientes de que se cumpla la tasa de reposición. Parece que entre el personal laboral de los ayuntamientos existe mucha temporalidad”. Cámara ha remarcado que en el Ayuntamiento de Burgos hay vacantes 18 plazas de bomberos, o 40 en la Policía Local (de una plantilla de 237).

   Entre las preocupaciones de CSIF Burgos está la situación laboral de los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, con una temporalidad aproximada del 35%, y con picos de hasta el 70% en algunos centros o servicios concretos. Asimismo, se denuncia la proliferación de contrataciones a tercios de jornada, que están provocando “un sobre esfuerzo laboral insostenible”.

   En el caso del centro penitenciario de Burgos, CSIF denuncia la falta de personal, ya que de los 94 puestos de la plantilla de Interior sólo están ocupados 70, es decir, están vacantes un 30%. A esta circunstancia hay que sumar que una docena de los 70 son funcionarios en prácticas, y que hasta fin de año se prevé la jubilación o paso a segundas actividades de otros 10 trabajadores.

   Por otra parte, CSIF ha pedido al Comité de Seguridad y Salud una evaluación de riesgos psico-sociales para los trabajadores de las oficinas de DNI, debido a la falta de personal y a la “terrible presión que están soportando, en un servicio colapsado, en el que no se están cubriendo las vacantes que se producen ni ofertándose en los concursos”.

   La presidenta provincial de CSIF Burgos considera que el acuerdo nacional alcanzado sobre la mejora y la oferta de empleo público aliviará la situación de los empleados públicos de la provincia, pero que habrá que estar muy pendientes de exigir su cumplimiento, “lo más rápidamente posible”.

Impactos: 40