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Junta y Tercer Sector de Castilla y León se alinean para defender y garantizar el mantenimiento de la financiación del IRPF

Junta y Tercer Sector de Castilla y León se alinean para defender y garantizar el mantenimiento de la financiación del IRPF

En un momento en el que se está negociando el nuevo modelo a aplicar, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, el futuro modelo de asignación del IRPF, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y los representantes de CERMI, Cruz Roja, Cáritas y EAPN en Castilla y León dan un paso en la defensa del trabajo que desarrollan todas estas entidades y de toda las personas a las que llegan sus programas. Alicia García ya expresó en el último Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia su defensa de que, con el nuevo modelo que se apruebe, las entidades del Tercer Sector de Castilla y León no pueden perder ni un euro de la financiación que han venido recibiendo en la última convocatoria y que se deben mantener los programas que desarrollan. Las entidades del Tercer Sector de la Comunidad han recibido este año de la asignación del IRPF 20 millones de euros, cantidad que está permitiendo financiar 353 programas a 118 entidades. Castilla y León llevará este acuerdo al Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención de la Dependencia en el que se deberán aprobar los criterios en esta materia.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García; el presidente del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León (CERMI Castilla y León), Francisco Sardón; el presidente de Cruz Roja Española en Castilla y León, José Varela; el presidente de Cáritas Castilla y León, Antonio Jesús Martín, y el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Castilla y León (EAPN Castilla y León), Daniel Duque, han firmado un acuerdo sobre el futuro modelo de subvenciones destinadas a la realización de actividades de interés social con cargo a la asignación tributaria del IRPF.

Los antecedentes de esta cuestión están en la sentencia del Tribunal Constitucional C-4777/2016, de 23 de enero de 2017, que estimó parcialmente el conflicto positivo de competencias interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra la Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF, lo que supone que el Gobierno debe acordar con las comunidades autónomas un nuevo marco regulador de estas ayudas que respete la competencia exclusiva que ostentan las autonomías en materia de servicios sociales.

Desde hace más 20 años, con la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF, se han financiado los programas de interés social gestionados por las entidades del Tercer Sector de Castilla y León, que atienden anualmente a un número muy importante de personas en toda la Comunidad. Esta financiación es muy importante para las Entidades del Tercer Sector en Castilla y León, ya que durante el presente año ha financiado 353 proyectos de 118 entidades por un importe global de 20 millones de euros destinados, entre otras finalidades, a distintos programas de infancia y familia; jóvenes; mujeres; personas mayores; personas con discapacidad; personas en situación de dependencia; personas con problemas de drogodependencia; pueblo gitano; personas migrantes; personas afectadas por el VIH/SIDA; LGTB; personas reclusas y ex reclusas; personas sin hogar; personas en situación o en riesgo de exclusión social; personas desfavorecidas del medio rural, así como la promoción del voluntariado y de la participación social.

La Junta y el Tercer Sector en Castilla y León han estimado necesario firmar un acuerdo en una defensa conjunta para que se garantice que la financiación de los programas de interés social con cargo a la asignación tributaria del IRPF se mantenga para el próximo ejercicio en los mismos términos que en 2017 y para dar continuidad y estabilidad a los programas de atención a las personas más vulnerables que se desarrollan en la Comunidad con esta financiación. En este sentido, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha asegurado que este acuerdo es muy relevante por la importancia de estos fondos para las entidades y para el propio sistema de Servicios Sociales de Castilla y León y porque quiere garantizar que esta financiación, en un marco de estabilidad y continuidad, se mantenga en los mismos términos para 2018, y con ello los programas de atención a las personas más vulnerables de Castilla y León y los empleos que estos programas generan.

De igual forma, este acuerdo visibiliza y determina la posición clara y el compromiso de la Junta de Castilla y León en apoyo a las entidades del Tercer Sector de la Comunidad y en la defensa de que los fondos que se reciban en las comunidades autónomas vayan a las entidades del tercer sector y no a otra cosa, para que puedan seguir con los programas que vienen desarrollando. Alicia García ya expresó hace dos semanas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, en Madrid, su compromiso en este sentido para con las entidades del Tercer Sector de Castilla y León, demandando “que las entidades del Tercer Sector no pierdan ni un euro de la financiación que han venido recibiendo en la última convocatoria”.

Un acuerdo que recoge unidad de acción entre la Junta y el Tercer Sector

En este sentido, el documento firmado hace referencia a varios conceptos. Por un lado, se considera acertado el modelo mixto de gestión de las ayudas, entre Estado y comunidades autónomas, para la financiación de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF propuesta por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Junto a esto, se asume el compromiso de que la financiación derivada de la asignación tributaria del IRPF que reciba Castilla y León se destinará a programas de interés general desarrollados por las entidades del Tercer Sector de la Comunidad.

Al mismo tiempo, se reclama que la financiación que reciba Castilla y León para el año 2018 para esta finalidad deberá ser, al menos, igual a la que han recibido las entidades del Tercer Sector de Castilla y León en 2017, 20 millones de euros, para garantizar la continuidad de los programas, respetando los objetivos, finalidades y sectores que venían siendo financiados, sin perjuicio de la parte de la asignación tributaria que gestione directamente el Estado en base a sus competencias propias.

El acuerdo firmado establece que se coordinarán y consensuarán, entre la Administración autonómica y los representantes de las entidades del Tercer Sector, los programas que se financien con cargo de asignación tributaria del IRPF que reciba Castilla y León con el resto de programas financiados desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Para ello, se constituirá un equipo de trabajo mixto conformado por representantes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de las entidades del Tercer Sector. También se creará un grupo de trabajo que establecerá un marco de colaboración en el futuro para orientación, gestión y mejora de los programas.

Asimismo, se garantiza la continuidad de los programas de inversión que hubiesen sido financiados en ejercicios anteriores con cargo a la asignación tributaria y aún no se hubieran finalizado. Para garantizar la continuidad del desarrollo de los programas de las entidades del Tercer Sector financiados por la asignación tributaria durante 2018, se adoptará la fórmula de gestión más ágil posible para que a finales del presente año las entidades dispongan de los fondos necesarios para continuar con los programas de atención en 2018, siempre dentro del marco jurídico que se acuerde entre el Gobierno y las comunidades autónomas en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Por último, el acuerdo aboga por promover que las entidades del Tercer Sector puedan participar, a nivel nacional, en la determinación de la futura gestión de las ayuda para la financiación de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF, así como en el establecimiento de criterios de reparto, programas o requisitos.

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